El PP lleva a votación al Congreso la reprobación de la ministra Raquel Sánchez por su política de vivienda

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Diego Radames / EP
La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El PP va a llevar a votación al Pleno del Congreso de la próxima semana una moción en la que incluirá la reprobación de la ministra de Transportes y Vivienda, Raquel Sánchez, a la que también ERC había anunciado que quería censurar.

Fue en la última sesión de control al Gobierno cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, anunció al presidente Pedro Sánchez su intención de impulsar una iniciativa en el Congreso para reprobar a la ministra catalana, a la que responsabiliza de los problemas que la red de cercanías de Renfe en Cataluña (Rodalies) viene sufriendo desde hace años.

Pero el PP; que ese mismo miércoles estuvo debatiendo con Raquel Sánchez por políticas de Vivienda, se ha adelantado a ERC y va a llevar a votación al próximo Pleno del Congreso una iniciativa que incluye al reprobación de la ministra.

Aunque en su primera redacción se censuraba a Raquel Sánchez por los problemas en los servicios de Cercanías de Renfe, el texto del PP que se votará la próxima semana se centra en la política de vivienda.

Vox ya intentó la reprobación de la ministra

No es la primera vez que Raquel Sánchez se enfrenta a una reprobación por su gestión al frente del Ministerio. Hace un mes fue Vox quien quiso censurar a la ministra por la polémica de los trenes en Cantabria y Asturias, pero su propuesta no salió adelante en la Comisión de Transportes. Tampoco será la última reprobación, porque ERC ya ha anunciado otra iniciativa contra la ministra en el Senado y centrada en los problemas de Rodalíes (Cercanías).

La moción que encabeza ahora el PP se debatirá en vísperas de que arranque la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos, y ahí todos los grupos estarán obligados a fijar posición.

Al margen del asunto de la reprobación, el Grupo Popular aprovechará la iniciativa parlamentaria para impulsar algunas de sus medidas en materia de vivienda. Así, en el primer punto de su moción instan al Gobierno a abrir negociaciones con los diferentes representantes parlamentarios en las Cortes, para la consecución de un Pacto de Estado por la Vivienda.

Entre otras medidas, el PP propone un aval de hasta el 15% del total de la vivienda para completar la financiación de la hipoteca que soliciten los jóvenes "solventes", pero que carecen de ahorro previo. También plantean una ayuda de 1.000 euros para la emancipación de estos jóvenes y la ampliación del presupuesto del Bono Joven de alquiler, porque a su juicio la última convocatoria "ha dejado sin ayuda a miles" de personas.

También se refiere el PP al refuerzo de la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles, que en opinión de los 'populares' han quedado desamparados a la 'okupación' con la Ley de Vivienda, recientemente aprobada en la Cámara Baja.

Piden el desalojo de 'okupas' en menos de 24 horas

En este sentido, la formación plantea el desalojo en un máximo de 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. Este desalojo sería "inmediato" en caso de flagrante delito.

Además, plantean excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado, reforzar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel y considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.

Agregado a esto, piden legitimar a las comunidades de propietarios para realizar "acciones preventivas contra la ocupación" y poder acudir a las autoridades cuando en ausencia del propietario los ocupantes realicen actividades "prohibidas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas".

Por último, también piden al Gobierno devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI durante la ocupación, algo que también plantea Vox; y considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión.

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